POLICIALES. A Omar Varela le dieron la "libertad  asistida" y ya no está preso en su casa

Seis meses antes a que se venciera la pena de cinco años de prisión por varios hechos de estafa y algunos de defraudación por los que había sido condenado, al ex sindicalista Omar René Varela le fue otorgado el beneficio de la “libertad asistida”.

De esa manera, quien fuera durante muchos años titular del Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul ahora se encuentra nuevamente en libertad.

Casi la totalidad de la pena que finalmente le fuera fijada la cumplió en su casa, bajo la modalidad de la prisión domiciliaria por diferentes problemas de salud que padecía.

El martes de la semana que pasó, el beneficio le fue otorgado a Varela -actualmente de 65 años de edad- por Adriana Bianco, magistrada a cargo del Juzgado de Ejecución Penal número 2 con asiento en General Alvear que depende del Departamento Judicial Azul.

Pedro De Luca, abogado del ex gremialista, había solicitado ese beneficio para su defendido, teniendo en cuenta que su cliente reunía los requisitos para gozar de la llamada “libertad asistida”. 

En libertad, pero con obligaciones

“Advierto que Varela alcanzó el hito temporal requerido y no reviste calidad de reincidente. Que al encontrase en prisión domiciliaria, debe ponderarse el cumplimiento de las pautas dispuestas al momento de concederla”, escribió la jueza Bianco en el fallo que se tradujo en que, desde hace cinco días, Varela haya dejado de estar preso en su casa.

La magistrada también señaló en la resolución: “De las constataciones domiciliarias efectuadas por el patronato de Liberados delegación Azul, surge que el causante viene cumpliendo con las mismas. Asimismo, goza de muy buen concepto vecinal”.

El beneficio para Varela implicó, al mismo tiempo, que la Jueza de Ejecución le fijara diferentes pautas de conducta que deberá cumplir. Además de fijar residencia, tuvo que presentarse -no bien fue notificado de esta decisión- en el Patronato de Liberados. 

A la Delegación Azul del Patronato, además, tiene que concurrir mensualmente “hasta el agotamiento de su pena”, que se vence el 10 de marzo del año que viene.

Como otras obligaciones, debe “desempeñar oficio, arte, industria o profesión, si no tuviera medios propios de subsistencia”; no puede cometer “nuevos delitos” y tiene que abstenerse de “consumir sustancias estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas”.

Finalmente, como otra de esas pautas de conducta a cumplir, tiene terminantemente prohibido “mantener contacto con las victimas, por ningún medio”, de lo que habían sido aquellos casos de estafas y defraudaciones que cometió.

Todos esos hechos tuvieron como damnificados a afiliados al gremio que años atrás conducía, a quienes después les embargaron los sueldos por préstamos contraídos a través del Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul.

Los casos ocurrieron cuando Omar Varela era el Secretario General del sindicato, el mismo cargo que ahora ocupa una de sus hijos: Luciano.

Había sido detenido en marzo de 2015

Luego de un juicio realizado en uno de los tribunales orales con asiento en el Palacio de Justicia local, el 26 de diciembre de 2.009 Omar René Varela había sido condenado a “seis años de prisión de efectivo cumplimiento” por esas ya referidas estafas y defraudaciones que cometiera en perjuicio de los trabajadores comunales afiliados al STMA.

Pero al año siguiente, apelación mediante, Casación ratificó parcialmente aquella condena de primera instancia. Eso se tradujo en que, desde el Tribunal de Alzada con sede en La Plata, le fuera dictada una pena de cinco años de prisión por la totalidad de los casos por los que había sido declarado culpable en aquel juicio que se había hecho un año antes en Azul. Concretamente, “treinta y nueve hechos de estafa y seis hechos de defraudación por retención indebida”, todos cometidos “en concurso real de acciones”. 

Aquel fallo adquirió rango de firmeza el 17 de julio de 2.013. Pero recién, para comenzar a cumplir esa pena, Omar Varela fue detenido por decisión del Tribunal que lo había condenado en primera instancia -que habían integrado los jueces de Tandil Pablo Galli y Guillermo Arecha y la magistrada de Olavarría Cecilia Desiata- en marzo de 2.015.

Si bien llegó a estar privado de la libertad tan sólo algunos días en la Unidad 2, la cárcel del SPB que está en la localidad olavarriense de Sierra Chica, por esos diferentes problemas de salud que presentaba terminó siéndole otorgada la prisión domiciliaria. La medida que, desde el miércoles que pasó, se convirtió en una “libertad asistida” que ahora le permite volver a estar en la calle.